Gracias a los senadores del PAN y del PRD (Gustavo Madero, Carlos Navarrete, Santiago Creel y Pablo Gómez, entre otros), cuyas bancadas rechazaron que el absurdo castigo se pospusiera un año, la medida afectará, además, a quienes sí registraron su aparato pero de todos modos no podrán hablarnos. Y dañará a “los magnates de la telefonía móvil”, quienes, de acuerdo con Carlos Fernández-Vega (México SA de ayer viernes), sufrirán “una pérdida anualizada cercana a 60 mil millones de pesos... de los que unos 42 mil millones dejarían de ingresar a la chequera”... de Carlos Slim.
Quienes no registraron su teléfono celular, en franca desobediencia civil, tienen sobradas razones para justificarse. Si Ernesto Zedillo puso al frente del Registro Nacional de Vehículos (Renave) al torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo, hoy preso por incontables crímenes; si Luis Carlos Ugalde vendió los datos de 70 millones de votantes a empresas extranjeras, todo México da por hecho que los empleados de Calderón subastarán el padrón del Registro Nacional de Usuarios de Teléfonos (Renaut) entre los bancos que andan a la caza de deudores fugitivos, los call-centers que ofrecen cualquier clase de bisutería y las bandas que se dedican al secuestro y el narcotráfico....
Más por necesidad que por convencimiento, millones de usuarios de telefonía móvil aportaron sus datos personales y, así, quedaron registrados en el Renaut (según la estadística oficial, fácilmente manipulable), aunque se supone que toda esa información ya la habían proporcionado al contratar la línea. Esta aportación colectiva” permitirá, de acuerdo con la idílica versión gubernamental, “combatir los delitos de extorsión, amenazas, el secuestro en cualquiera de sus modalidades o algún ilícito grave o relacionado con el crimen organizado”.
La “ridícula minoría” (Calderón dixit) que ha puesto de cabeza al país y exhibido –como si fuera necesario– la ineficiencia gubernamental, debe estar preocupadísima con este nuevo “impedimento” para su accionar (total, son nuevos en este negocio), mientras la trasnacional española Movistar se pone flamenca, Telcel se muestra extrañamente sumisa a las decisiones del poder público y la siempre coordinada autoridad se contradice.
Por ejemplo, el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Osuna, advierte públicamente que “las empresas telefónicas que no desactiven las líneas sin registro en el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (una vez vencido el plazo) serán sancionadas conforme a la Ley de Telecomunicaciones. Luego de que la compañía Telefónica Movistar anunció que dejará activas las líneas de sus clientes que no se hayan dado de alta en el registro, Osuna dijo que todas las concesionarias del servicio celular deben cumplir con la ley o se arriesgan a ser sancionadas, incluso se les puede retirar la concesión. Llama la atención que la compañía pretenda no respetar la ley (La Jornada).
En otra declaración, Gonzalo Martínez Pous, el comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, reconoce que “la disposición legal del Renaut por la cual se establece que las líneas que no sean dadas de altas en este sistema serán canceladas es de carácter autoaplicativo para las telefónicas, es decir, que las autoridades no pueden ordenar a estas empresas que procedan a esta suspensión. La intervención de la autoridad en este sentido puede ser hasta que se cumpla el plazo fijado para realizar este registro, por lo que si los operadores no cancelan los números que no fueron dados de alta, entonces la Cofetel iniciará un proceso para emitir una opinión a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que sancione a las compañías que desacataron lo dispuesto en la ley, (pero) la sanción es sólo económica” (El Universal).
¿Quién tiene la razón? El segundo declarante, porque la Ley Federal de Telecomunicaciones sólo establece sanciones económicas a las empresas que incumplan con lo dispuesto. Es cuestión de echar números: si en el balance, ya descontada la multa (de 10 mil salarios mínimos la más alta), ganan más al mantener las líneas en operación, entonces para ellas la decisión no es complicada, porque ya se sabe cuál sería el camino a seguir de las empresas de telefonía móvil, en el entendido de que el Renaut carece de reglamento operativo, algo que por lo demás “olvidó” elaborar la siempre eficiente autoridad.
A los españoles de Telefónica Movistar les dio por mandar a paseo a la Cofetel, y anunció que “no suspenderá el servicio de telefonía móvil a los clientes sin inscripción en el Renaut, y aseguró que en caso necesario acudirá a los tribunales para defender a sus clientes, porque las telecomunicaciones son un servicio de interés público protegido por la Constitución, por lo que no puede ser negado a la población. La empresa señaló que comparte con las autoridades la preocupación por el mal uso que los delincuentes hacen de los teléfonos móviles, y por eso acordó con Telcel y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública la creación de un mecanismo para que ninguna de las dos empresas pueda usar aparatos que fueron reportados como robados. Sin embargo, no perjudicará a sus usuarios que hayan omitido el registro de su celular en el Renaut, debido a que una cantidad significativa de personas de menores ingresos no se inscribió porque carece de CURP y en algunos casos no tiene siquiera acta de nacimiento. En otros casos el grado de ignorancia digital que desafortunadamente existe impide a algunos usar el método de registro a través de mensajes cortos” (La Jornada).
En ese ambiente llega a su fin el plazo otorgado por el gobierno para el asunto del Renaut. Y entre dimes y diretes, a menos de 24 horas de vencer el plazo, millones siguen sin registrarse, ni lo harán.
En vía de mientras, qué dice la señora Constitución, de la que nadie se acuerda. Va un rápido paseo por sus conceptos: “las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley.
“Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”.
Las rebanadas del pastel
Ya con las cifras oficiales definitivas del Renaut en la mano, los mexicanos constatarán cuánto se reduce el crimen organizado, el número de secuestros, extorsiones, amenazas, fraudes, etcétera, etcétera, porque se supone que ese es el fin del registro obligado.
Carlos Fernández-Vega
cfvmexico_sa@hotmail.com • mexicosa@infinitum.com.mx
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